El presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José María Rubio, junto con los presidentes de CEPYME, Jesús Gatell; la Asociación de Cadenas de Restauración, Bernardo Rodilla; el secretario general de CEHAT, ramón Estalella y el representante del Ocio Nocturno, Dionisio Lara, presentaron en la mañana de ayer en la sede de CEOE las propuestas que FEHR ha enviado a los grupos parlamentarios para encauzar la modificación de la ley antitabaco, en la línea que lo han hecho 24 de los 27 países de la Unión Europea, en los que se permite habilitar “Zonas para Fumar” en los establecimientos de hostelería.
Como explicó José María Rubio, el pasado mes de septiembre, compareció en la Comisión de Sanidad del Congreso para proponer a los grupos parlamentarios varias enmiendas en la línea de la legislación mayoritaria de 24 de los 27 países de la UE.
Las propuestas se resumen en dos:
1) Que se permita a los establecimientos de hostelería habilitar zonas para fumar con una superficie máxima del 30% de la superficie del local. En los establecimientos que no habiliten estas zonas, estará prohibido fumar. Estas zonas, deberán estar físicamente separadas y completamente compartimentadas, y deberán disponer de sistemas eficaces para la eliminación de humos. En estas “Zonas para Fumar”, no se realizará servicio a los clientes por parte de los trabajadores, y quedará terminantemente prohibido el acceso a menores.
2) Que se conceda un plazo para que los establecimientos puedan encontrar la financiación necesaria para la inversión y para la ejecución de las obras.

“Con estas propuestas –añadió Rubio- estaríamos adoptando medidas más restrictivas incluso que la mayoría de los 24 países de la UE, que, siendo sociedades avanzadas, han optado por legislaciones que hacen un daño menor a la hostelería, permitiendo zonas habilitadas para fumar. Esta importante restricción, aunque costosa para las empresas del sector, no lo sería tanto como la de la prohibición total, que causaría grandes pérdidas a empresarios y trabajadores”.
El presidente de CEPYME, Jesús Terciado, coincidió con la argumentación del presidente de FEHR, destacando además la repercusión que las pérdidas de la hostelería causadas por la prohibición total tendrían en el conjunto de la economía, a la que el sector contribuye con el 7,1% del PIB. “No hay que olvidar –señaló- que los restaurantes, cafeterías y bares, comercializan el 30% de la producción del sector agroalimentario, y que las pérdidas tendrán un impacto importante en la actividad de sus proveedores”.
Entre otras cuestiones planteadas por el presidente de los hosteleros, con ánimo de hacer reflexionar a los políticos que mañana deben de votar las enmiendas a la Proposición de Ley para modificación de la Ley del Tabaco, José María Rubio se preguntó:
- “¿Por qué, pese a nuestras múltiples peticiones a Sanidad, Economía, Presidencia, etc. se ha negado la posibilidad de que el propio Ministerio de Economía, realizara un estudio sobre el impacto económico que la prohibición total tendría en la hostelería? “
- “¿Por qué países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, Francia, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Portugal y así hasta los 24 países de la UE, no han aplicado la prohibición total y han habilitado la solución que estamos proponiendo? ¿Acaso a todos estos 24 países no les importa la salud de sus ciudadanos?”
- “¿Por qué reiteradamente se omite hablar y no se tiene en cuenta el perjuicio que la prohibición total supondría especialmente para las 100.000 microempresas en las que sólo trabaja el autónomo y su familia y en otras 95.000, donde trabajan 1 ó 2 asalariados y que están subsistiendo con una economía de guerra, ya que ni encuentran a quien traspasar el local, ni encuentran otro puesto de trabajo, ni al día de hoy tienen prestación por desempleo?”

Rubio concluyó su intervención con las siguientes palabras:“Realmente, los hosteleros no entendemos cómo no puede aprobarse esta propuesta que soluciona todos los problemas sanitarios que afectan a trabajadores, menores, y fumadores pasivos y que está en la línea más dura de las que adoptan los 24 países de la UE. Nuestra única explicación sería una obstinada cerrazón política, que se traduce directamente en un ataque a la hostelería, a nuestras familias, y a las de nuestros trabajadores”.