Es difícil imaginar algo con la capacidad de alterar tanto el día a día de los japoneses como una amenaza al consumo de atún rojo. El probable veto al comercio internacional de la especie que la Convención Cites estudiará a partir del próximo sábado en Qatar –sinónimo, si se aprueba, de encarecimiento y desabastecimiento (al menos en un primer momento)– causa malestar, irrita, suscita declaraciones que critican la medida: por exagerada, por precipitada. Los japoneses sospechaban, aguardaban la aprobación de rigurosas restricciones sobre los atunes del Atlántico y el Mediterráneo, pero no contaban –al menos no tan pronto– con una veda total: lo que ocurrirá si, como está previsto, la convención opta por incluir el atún rojo en la lista de especies al borde de la extinción.
«Cerca del 54% del atún rojo que se consumió en Japón en el 2009 procedía del Mediterráneo –dice Kunihiro Igari, responsable del departamento de operaciones internacionales de Try-Tokio Corporation, una empresa que el año pasado importó 600 toneladas de atún mediterráneo–. En este país hay innumerables compañías dedicadas al negocio del atún, que mueve según nuestros datos más de 1.100 millones de euros al año. Todo ese volumen de negocio desaparecerá instantáneamente al ejecutarse la restricción de Cites».

DOS VARAS DE MEDIR
No es extraño, con este diagnóstico, que el Gobierno japonés haya anunciado una dura batalla contra el eventual veto del comercio internacional del túnido, e incluso la posibilidad de buscar subterfugios para sortearlo. «Rechazaremos la propuesta de Doha –manifestó un portavoz del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca–.
Consideramos que Cites no debe legislar sobre las pesquerías». El ministerio, como todas las voces que critican la posible veda, mantiene que el atún rojo no cumple con los criterios que justifican la inclusión de una especie en el anexo 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, la Cites.
El Ejecutivo nipón, además, recuerda que esta se centra exclusivamente en el comercio, y reclama que sea la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) –un organismo que en el pasado ha fijado unas cuotas ferozmente criticadas por los ecologistas– la que marque las reglas.
«La ICCAT –explica Igari– es un sistema que rastrea todo el proceso, desde la pesca hasta la puesta en venta, mientras que Cites solo se fija en las cifras de importación y exportación. No suscribo el conservacionismo emocional, y estoy convencido de que la resolución de Cites tiene más una dimensión afectiva que una base científica».

LOCALES DESABASTECIDOS
También los restaurantes ven la medida con desconfianza. Carme Ruscalleda, que en el 2004 abrió su segundo Sant Pau en Nihonbashi, en el corazón de Tokio, la califica de apresurada y desproporcionada, y sostiene que «aún es posible llegar a una formula de respeto». «Que ahora se carguen todo con una medida tan drástica, cuando se puede actuar de un forma respetuosa con el mar... Es que no le veo razón. Y yo soy la primera en respetar las vedas», defiende. Sobre el futuro, la chef catalana recuerda que «te encuentras atún en todos los establecimientos japoneses», y opina que «inevitablemente habrá que reducir el consumo». «Es muy probable que los japoneses deban apretarse el cinturón», concluye.
El futuro: el responsable de Try-Tokio afirma que las cerca de 20.000 toneladas que ahora se importan del Mediterráneo habrá que ir a buscarlas a México y Australia. O suplirlas con producción nipona, aunque esto llevará años: «Las granjas dedicadas a la cría de atún aún están en fase experimental». En resumen, coincide con Ruscalleda: «Actualmente no podemos reemplazar el volumen de atún rojo mediterráneo». Ni ahora ni dentro de un año, que es el plazo que ha pedido la Unión Europea para ejecutar la medida. Si se aprueba, claro. Y si se aprueba, en Japón va a escasear el sushi.