Los derechos de autor también hacen caja con la hostelería
Fecha:04-09-2008
Resumen: La difusión de una obra a través de un aparato de televisión en un bar o en un establecimiento hotelero, incluso en el interior de una de sus habitaciones, constituye un acto de comunicación pública y, por tanto, genera el pago de un canon por los derechos de autor. Pero ¿constituye esto realmente un acto de comunicación pública?

Fuente: Ecodiario.es

© IvanDub - Fotolia.comLa difusión de una obra a través de un aparato de televisión en un bar o en un establecimiento hotelero, incluso en el interior de una de sus habitaciones, constituye un acto de comunicación pública y, por tanto, genera el pago de un canon por los derechos de autor. Pero ¿constituye esto realmente un acto de comunicación pública?
La difusión de cualquier clase de obra a través de un aparato de televisión en un bar o en un establecimiento hotelero, incluso en el interior de una de sus habitaciones, constituye un acto de comunicación pública y, por tanto, genera el pago de un canon por los derechos de autor.
Uno de los supuestos que ha dado lugar a mayor número de conflictos judiciales en nuestro país en el ámbito de la propiedad intelectual es el relacionado con la difusión de obras audiovisuales y musicales a través de los aparatos de televisión existentes en bares, cafeterías y demás locales públicos.
Se ha planteado constantemente la duda de si constituye un acto de comunicación pública la que tiene lugar cuando el dueño de un bar o similar enciende su televisor, permitiendo que los clientes que frecuentan su local vean la programación retransmitida a través de él, con independencia de que acudan al establecimiento con esa intención o sin ella.

Por otro lado, ha planteado idéntico problema en torno a esta cuestión el acto de comunicación que se produce al ser encendido el aparato de televisión por el huésped de un hotel en el interior de su habitación.

Jurisprudencia variada

En lo que atañe a la comunicación de obras en habitaciones de hotel, cabría afirmar, que la jurisprudencia en España en esta materia ha sido muy vacilante, ya que en ocasiones ha considerado que la difusión en la habitación de un hotel no generaba pago de derechos de autor, ya que al no haber público que asistiera a la difusión de la obra, se trataba de un acto de comunicación privada que no daba lugar al abono de ningún canon ni a la necesidad de solicitar ninguna autorización previa.

En otras ocasiones, sin embargo, ha considerado que la reproducción de obras audiovisuales en un dormitorio hotelero sí constituía un acto de comunicación pública que devengaba derechos de autor y, en consecuencia, el derecho de la entidad de gestión correspondiente a percibir el canon pertinente.

Pero en 2003 el Tribunal Supremo unificó doctrina y adoptó una postura uniforme al respecto, inclinándose por la tesis partidaria de estimar que la habitación de un establecimiento hotelero es un ámbito doméstico y, en consecuencia, que cuando el cliente en el interior de la misma ve la televisión o escucha la radio no existe un acto de comunicación pública ni nace la posibilidad de reclamar el pago de derechos de autor.


Cambio en la jurisprudencia

Esta sentencia apoyaba su teoría en la idea de que los dormitorios de un hotel, aunque de forma temporal, en sus dependencias, desarrollan las personas actividades propias de su intimidad y de su personalidad.

Esta sentencia también aclaraba el punto, muy discutido hasta entonces en los tribunales, de que existe comunicación pública siempre que hay una red de difusión, es decir, una antena colectiva (algo que siempre sucede en un hotel). En este sentido, hasta hoy el Tribunal Supremo había manifestado que el mero traslado de la señal de una antena a los aparatos receptores instalados en las habitaciones de un establecimiento hotelero no era suficiente para afirmar que había comunicación pública.

Pues bien, el pasado 16 de abril de 2007 nuestro Alto Tribunal ha dado un giro doctrinal en su sentencia de la citada fecha, dictada para unificar su doctrina sobre la interpretación jurisprudencial del artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) y su adecuación al Derecho Comunitario.

El Tribunal Supremo tuvo que llevar a cabo dicho proceso de armonización necesariamente tras el pronunciamiento realizado al respecto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 7 de diciembre de 2006, en la cuestión prejudicial, "SGAE/Rafael Hoteles".


Fecha clave

Tras esta emblemática fecha, la jurisprudencia española considera que la habitación de un hotel es un lugar en el que cualquier acto de difusión o reproducción de obras a través de aparatos de televisión o de radio será considerado como acto de comunicación pública. Sin embargo, la citada sentencia distingue entre las que son de índole audiovisual cinematográfica del resto de obras audiovisuales.

En ambos casos, cuando sean objeto de utilización por el cliente de un hotel en su habitación, el dueño del establecimiento deberá pagar el correspondiente canon y, además, deberá recabar previamente la oportuna autorización para poder ser comunicadas. Sin embargo, en el caso de obras de cine, el permiso debe solicitarse a los autores, mientras que para el resto de obras audiovisuales puede obtenerse directamente del productor, ya que se presume iuris tantum que éste lo tiene cedido.

En lo que respecta a las obras difundidas en bares y cafeterías, ya desde el año 1993, es doctrina acuñada de nuestro Tribunal Supremo que los titulares de dichos establecimientos tienen obligación de pagar los correspondientes derechos de autor, por la utilización de las obras que difundan a través de aparatos de televisión o radio que tengan ubicados dentro de sus recintos, con independencia de que éstos estén o no encendidos.
Lo que motiva la obligación de abonar los derechos de autor es la posibilidad de acceso mediante dichos aparatos a los programas de radiodifusión por parte de los clientes.
Sin embargo, en el año 2003 el Tribunal Supremo decidió cambiar el criterio adoptado hasta entonces. Estableció la posibilidad para el propietario del establecimiento de probar la no utilización efectiva del repertorio gestionado por la entidad de gestión de que se trate, en cuyo caso, éste no estará obligado al abono del preceptivo canon.



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